Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco
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23 Ago 2021 07:53 PM

Tribunal confirma detención domiciliaria al gobernador del Cesar por corrupción en el PAE

María Alejandra
Vence
El mandatario tiene en su contra siete investigaciones en curso relacionadas con la contratación.

El Tribunal Superior Judicial de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por la investigación en su contra por presuntas irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE), por más de 17.000 millones de pesos, en el año 2015.

La determinación respondió a un recurso de reposición que había interpuesto el abogado defensor en la audiencia celebrada el pasado 18 de agosto.

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El magistrado consideró que era necesaria la medida de aseguramiento porque, al ser actualmente administrador del gasto publico en el Cesar, podría usar su posición para volver a incurrir en dicho delito. 

En la cuenta de Twitter de la Gobernación del Cesar señaló que la “decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó medida de detención domiciliaria contra el Gobernador del Cesar, no representa una condena. Con categórico sustento jurídico se continuará la defensa para demostrar la inocencia del Mandatario”.

El mandatario tiene en su contra siete investigaciones relacionadas con la contratación. En esta oportunidad Monsalvo fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.

Según la Fiscalía, en el contrato celebrado entre el departamento de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, por un valor de más de 17.000 millones de pesos, se encontraron por lo menos nueve inconsistencias.

Otras inconsistencias fueron la falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. 

Monsalvo Genecco deberá apartarse nuevamente del puesto debido a que no podría desempeñar funciones públicas, lo que implicaría que el departamento esté a cargo de un gobernador encargado, tal como sucedió en el mes de julio del año pasado cuando el mandatario fue condenado en primera instancia por el delito de corrupción al sufragante. 

Fuente
Sistema Integrado de Información