Procuraduría lanza alerta por escalada de violencia en Santa Marta y el Magdalena

La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas frente a la crítica situación de orden público que se vive en Santa Marta y varios municipios del norte y centro del Magdalena, donde la violencia, ha cobrado la vida de más de 200 personas entre enero y mayo de este año.

Según un pronunciamiento oficial del órgano de control, la disputa territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como “los Pachencas”, ha desatado una oleada de homicidios, extorsiones, amenazas y zozobra en la región. Municipios como Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Fundación, Puebloviejo, El Retén y Pivijay están entre los más afectados.

Leer también: Parque Tayrona cerrará del 1 al 15 de junio para permitir descanso ecológico y prácticas culturales indígenas

La Procuraduría Regional del Magdalena señaló que el control del narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas ilícitas está en el centro de este enfrentamiento armado. Como resultado, líderes sociales, docentes, vendedores ambulantes, caficultores y comerciantes son extorsionados de forma sistemática. Las amenazas de muerte son moneda corriente para quienes no acatan los pagos exigidos o las normas impuestas por estas organizaciones ilegales.

A la par del incremento en la violencia, preocupa la situación carcelaria. El informe denuncia que algunos cabecillas capturados han sido recluidos en Centros de Detención Transitoria con condiciones precarias, sin garantías mínimas de seguridad. Desde allí, según el Ministerio Público, continúan operando y extendiendo el conflicto, incluso dentro de los propios centros penitenciarios.

Le puede interesar: Vicky Dávila propone un millón de pesos para cada recién nacido para aumentar natalidad en Colombia

La Procuraduría ha reiterado su llamado urgente a los gobiernos municipales, a la administración departamental del Magdalena y a los comandantes regionales de la Fuerza Pública para que refuercen de manera inmediata las acciones de protección a la población civil, y se articulen estrategias eficaces contra las estructuras armadas ilegales.

“Lo que ocurre en esta región no puede seguir siendo invisible ni tratado con tibieza. La vida y la dignidad de miles de ciudadanos están en juego”, advirtió el ente de control.

El panorama actual refleja no solo una crisis de seguridad, sino también una grave omisión institucional que permite la consolidación de poderes criminales que suplantan al Estado. La ciudadanía, por su parte, sobrevive entre el miedo y la resignación.